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Otro político sanlorencino acusado de bancar negocios ilegales, previo a Traferri

El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad armó revuelo con sus declaraciones: acusó al senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri de ser “la pata política” en la causa de juego clandestino, donde están involucrados miembros de la banda narco Los Monos. Si bien la acusación es muy reciente y aún resta la búsqueda y presentación pruebas, no es la primera vez que se vincula a un político sanlorencino con negocios ilegales asociados al narcotráfico.

En septiembre del 2013, se detuvo en Funes (localidad del Gran Rosario) a Delfín David Zacarías, en un mega operativo llamado “Flipper”, dirigido por el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni. Estaba sospechado de ser el jefe de un clan familiar que manejaba una de las cocinas de cocaína más grandes del país.

A Zacarías lo aprehendieron en una casa-quinta ubicada en la calle Las Achiras, en el Country Profesional de Funes. En ese lugar operaba la cocina de cocaína. En el operativo se encontraron más de 300 kilos de pasta base y cocaína procesada -valuados en 60 millones de pesos-, y 2 mil litros de precursores químicos.

En 2018, Delfín fue condenado por la Justicia Federal de Rosario a 16 años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de organizador de tráfico de drogas y coautor de tráfico de productos para preparar estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Además, condenaron a su esposa a cumplir una condena de 14 años y a sus hijos Joel y Flavia a 7 y 8 años de cárcel respectivamente.

Ahora bien, ¿qué vínculos hay entre el narco Zacarías y políticos de la ciudad de San Lorenzo?

Mientras la causa contra Delfín avanzaba, en 2017 el juez federal Carlos Vera Barro citó a declarar a Eduardo Ros, quien era en ese momento funcionario del Ministerio de Salud provincial y candidato a concejal. Pero además, es el ahijado político del radical Leonardo Raimundo, actual Intendente de San Lorenzo y quien tiene un muy buen vínculo con el senador Armando Traferri, aunque pertenecen a partidos políticos distintos.

El juez quería interrogar a Ros sobre asuntos puntuales relacionados a la causa de Zacarías. Pero además quería descubrir si el Concejo deliberante de San Lorenzo (cuerpo que presidía Eduardo Ros por ese entonces) había sido cómplice en el lavado de dinero narco a partir de un negocio inmobiliario.

¿Cuál era el negocio inmobiliario? En 2011, en el recinto del Concejo sanlorencino se desató la polémica por la aprobación -por mayoría del oficialismo- de una excepción al código urbanístico de ese municipio. 

El pedido de excepción provenía de la familia Zacarías, que había comenzado con las construcción de un edificio de 6000 metros cuadrados en una zona donde se permite hasta 2500 metros cuadrados. En teoría iba a ser un gimnasio de grandes dimensiones.

Pero luego, con la aprehensión de Delfín Zacarías, se sospechó que el fin de la construcción era levantar un laboratorio como el que existía en Funes, pero cerca del puerto de San Lorenzo para mejorar la logística. 

La excepción finalmente fue aprobada, pero el “gimnasio” quedó a medias y hoy es un predio deshabitado, ocupado esporádicamente por algunas personas.

Eduardo Ros es actualmente concejal de San Lorenzo.

Fuente: Urgente24

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